“Si el pueblo no reacciona se acabará legalizando la deforestación de la Amazonia”

En una zona del Amazonas, Rondonia (limítrofe por el río Guaporé con Bolivia), donde el 30% de la tierra está deforestada, Iborra trata de defender los derechos territoriales de las comunidades tradicionales -pueblos indígenas y quilombolas- para su propia subsistencia en contra de la deforestación galopante que está entregando estas tierras a los grandes latifundistas y a las empresas multinacionales.

 

¿Cuál es la situación actual de la Amazonia?

El 80% de las tierras deforestadas ya están en manos de grandes acaparadores y latifundistas, no de pequeños agricultores. Además, en los últimos días ha estado a punto de aprobarse una ley por la cual se entregaban legítimamente las tierras de titularidad pública a aquellos latifundistas que se han hecho con ellas. Gracias a la presión popular, se han podido vetar dos de los puntos más controvertidos de esta ley que, si bien en su origen es positiva porque intenta poner orden legal a una región sometida a una falta total de control público, en la práctica acabaría legalizando décadas de destrucción y de robo de las tierras públicas del Gobierno a gran escala.

¿Cómo afectaría la aprobación de esta ley?

Si se legaliza el robo descarado de grandes espacios de tierras públicas, el resultado va a ser más robos de tierras todavía con la deforestación de la selva como vía para conseguirlo. Son medidas que atentan contra la política nacional de reforma agraria, contra la legislación de las licitaciones de bienes públicos y que perjudican claramente la protección de los derechos territoriales de las comunidades tradicionales. Dando tierras para los grandes latifundistas se acaba perjudicando también aquellos a los que se pretende ayudar: las comunidades indígenas y los pobres que llegaron a la región amazónica atraídos por promesas y estímulos del Gobierno y que ya fueron expulsados por los grandes, quedándose sin tierras para ganarse la vida.

Quién es Josep Iborra

Misionero claretiano catalán, en Brasil desde el año 1993, además de una intensa labor pastoral en la zona del río Guaporé, Iborra es un firme defensor de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, así como un impulsor de mejoras sociales para estos pueblos más desfavorecidos como la que ha llevado a cabo con Mans Unides, abasteciendo con placas solares a casi 400 familias que carecían de cualquier tipo de luz en sus hogares.

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